Porque si repasamos la trayectoria profesional del caballero en cuestión, posiblemente acabaremos pensando que el tema de las tarjetas es baladí comparado con sus gestiones, éstas presuntamente legales, al frente de los diversos organismos por donde ha pasado.
Ministro de Economía (1.996 – 2004). En esta etapa de su carrera, la que labró su fama de buen gestor, tuvieron lugar de su mano varias medidas de las que hoy pagamos las consecuencias. Fue el impulsor de la Ley del Suelo de 1.998 (PDF), esa que ha sido señalada como una de las causas de la burbuja inmobiliaria, de cuyo pinchazo aún sufrimos las consecuencias; de hecho, en el 2.003 fue preguntado acerca del imparable aumento de precios en los mercados inmobiliarios y su respuesta fue de absoluta negación. En esta época también tuvo tiempo de idear e impulsar el déficit de tarifa de las empresas eléctricas, las cuales obtuvieron una serie de ventajas estratégicas a cambio de que una parte de los costes energéticos no fueran repercutidos a los consumidores, quedando pendientes para el futuro. Esa deuda aún sigue pendiente y aumentando.
Director gerente del Fondo Monetario Internacional (2.004 – 2.007). Poco se sabe de su gestión en esta época, sin embargo, un informe interno del propio FMI en enero del 2.011 realizó una crítica demoledora a su gestión, señalando deficiencias internas que impidieron ver la crisis mundial que se gestaba durante su mandato. De hecho, el informe señala que las profundas disensiones internas restaron recursos a la entidad a la hora de valorar lo que se avecinaba. Lo más reseñable, los informes que hablaban sobre la robustez del sistema financiero norteamericano, con Lehman Brothers a la cabeza como ejemplo de solidez.
Presidente de Caja Madrid/Bankia (2.010 – 2.012). Durante su gestión, en 2011 Bankia anunció unos beneficios de 305 millones de euros, en un año marcado por su proceso de fusión, salida a Bolsa y la realización de un ajuste interno que cerró 800 sucursales. La auditora Deloitte detectó en las cuentas de 2011 de Bankia un desfase patrimonial de 3.500 millones y optó por no firmar el informe de auditoría. Este hecho, unido a la presentación de un plan de saneamiento de Bankia, que preveía la inyección de 3.000 millones de euros de dinero público, y que no fue aprobado por el Gobierno, precipitaron la renuncia de Rodrigo Rato como presidente ejecutivo. El banco fue expulsado en 2.013 del IBEX 35, del que había entrado a formar parte en el 2.011. Y es también en estos años en los que Rato hace uso y abuso de su tarjeta “black”, a pesar de su salario anual de 2,34 millones de euros.
A día de hoy, Rato es un marginado. Nadie de los que hasta hace poco se vanagloriaban de codearse con él quiere que se le relacione con el exministro. Cada vez son más las voces que piden su expulsión de todo lugar de donde se le pueda expulsar, que se borre su recuerdo y se desinfecte con cal todo aquello que haya tenido que ver con él. Sin embargo, ha tenido que ser el escándalo de las tarjetas, con cantidades económicas relativamente irrisorias, comparado con lo que estamos acostumbrados a oír en lo que a corrupción se refiere, el que movilice a todos los medios contra él. Hasta ahora no importaba que la Audiencia Nacional le imputase por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar los precios y apropiación indebida.
Como tampoco importaban la enorme cantidad de familias que, al frente de su gestión, fueron desahuciadas de sus viviendas por Bankia. Ni los preferentistas, o las víctimas de las hipotecas multidivisas y de tantos activos tóxicos que, de la mano de la entidad que él presidía, acabaron con los ahorros de miles de familias. Según la nota de prensa del 30 de septiembre del Banco de España sobre la Estadística de Ejecuciones Hipotecarias, con los datos del segundo trimestre de este año, las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad aumentaron un 1,2% respecto al trimestre anterior y un 14,0% en tasa anual. Es decir, hemos rescatado las cajas de ahorro, las hemos saneado, ahora limpiamos de corruptos sus órganos ejecutivos, los expulsamos a cada uno de su partido correspondiente y les dejamos de hablar. Y mientras seguimos desahuciando familias (9.611 viviendas habituales sólo de marzo a junio de este año) porque ellas cometieron el tremendo error de comprarse una vivienda cuando tenían trabajo, podían pagarla y hubo una entidad financiera que estudió su caso, lo aprobó y concedió un crédito.
Fuente: www.euribor.com.es
