Gómez aspira a cambiar la reforma laboral sin alterar el texto

El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha de cambiar la reforma laboral para acercarse a los sindicatos, pero sin tocar el texto de la Ley porque Moncloa es intransigente y rechaza un paso atrás. También tiene que modificar las pensiones de la Seguridad Social en el marco del consenso político y con las organizaciones empresariales, CC OO y UGT. Aquí el mayor obstáculo es la congelación anunciada por Zapatero para estas prestaciones en 2011. La medida cayó como un jarro de agua fría en el Congreso y dejó tocada (casi de muerte) a la comisión del Pacto de Toledo (acuerdo parlamentario suscrito en 1995 para velar por el sistema público de protección social).

Los sindicatos recelan del cambio realizado en el Ministerio por el jefe del Ejecutivo. Saben, sobre todo UGT, que Gómez tiene talante conciliador y que conoce las claves del mercado laboral como los dedos de su mano. El nuevo responsable de Trabajo sabe qué teclas no se deberían haber tocado. Su opinión estuvo presente en la confección de la reforma laboral, otra cosa es que sus propuestas no tuvieron demasiado éxito.

Cándido Méndez considera imprescindible saber con qué margen de maniobra cuenta el nuevo ministro. "Ya puede ser la mejor persona que si está atado de pies y manos frente a Economía nada podrá hacer", comentaba hace unos días antes de conocerse el nombramiento de Valeriano Gómez. CC. OO. es más radical y mantiene que "una ley se cambia con otra ley", en alusión a la reforma laboral.

Una de las pruebas de que el actual Gobierno dará suma importancia al área de empleo en el último año y medio de legislatura es que Zapatero ha promovido a un mayor rango el departamento que se encarga del mercado laboral, que pasa de secretaría general a secretaría de Estado. Responde con ello a una antigua reivindicación de Gómez y establece un equilibrio "de igual a igual" en determinadas negociaciones con Economía y Hacienda. Para afrontar un difícil mandato, Valeriano Gómez se ha rodeado de personas de confianza. Integran su equipo, como jefe de Gabinete, Antonio González, técnico de UGT que después de ser asesor del ex titular de Trabajo, Jesús Caldera, precisamente le sustituyó en la Secretaría General en abril de 2004. Igualmente cuenta con otra ex asesora de Caldera, Mary Luz Rodríguez, que ocupaba la Consejería de Empleo de Castilla-La Mancha y ha pasado a ser la secretaria de Estado de Empleo.

Con estos mimbres, el responsable de Trabajo diseñará un sistema de formación profesional vinculada al mundo del trabajo que permita rescatar a parados y el reciclaje de los asalariados; diseñará el nuevo papel que las empresas de trabajo temporal ocuparán en un futuro inmediato; y habrá de idear fórmulas novedosas para que el sector privado case ofertas y demandas laborales y termine con la intermediación gratuita de los Servicios Públicos de Empleo, antiguas oficinas del INEM. Asimismo, la norma obliga a establecer un fondo, cuya financiación se desconoce, que permita reducir el coste del despido a los empresarios. Cuando el trabajador continúe en su empleo podrá usar este dinero en formación o guardarlo como pensión complementaria cuando se jubile. Este aspecto levanta desconfianza en CC. OO. y UGT que rechazan todo lo que suene a capitalización de pensiones.

La recuperación del Pacto de Toledo tampoco será fácil, pero el ministro cuenta en este terreno con un secretario de Estado, en este caso encargado de la Seguridad Social, Octavio Granado, conocedor de las políticas de pensiones. Granado ocupó ese cargo con Jesús Caldera y ha seguido en él.

Gómez ha dejado también muy claro que los extranjeros son imprescindibles para España y se congratula de que el país haya pasado de ser exportador de mano de obra a receptor de trabajadores nacidos en otros Estados.