Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras del plan, la intención del departamento que dirige Fátima Báñez es aumentar sensiblemente el control administrativo para así reducir el fraude y la picaresca en el cobro de las prestaciones por desempleo.
Se busca, concretamente, detectar con rapidez y por sorpresa si una persona que está cobrando el paro está trabajando a la vez en la economía sumergida, y también casos en los que el beneficiario recibe la prestación pero reside en el extranjero.
Citación inmediata de parados en el INEM
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que uno de los mecanismos que está utilizando el ministerio de Empleo es obligar a los desempleados a presentarse en sus oficinas del INEM en días y horas determinados, y con poco margen, incluso convocarles para las próximas horas, para descubrir posibles casos de fraude.
Se les cita a través de una llamada telefónica a su domicilio y, dada la premura con la que tienen que comparecer, resulta sencillo apreciar situaciones irregulares, que se detectan sobre todo cuando el beneficiario no comparece ante la entidad gestora.
La incomparecencia se da generalmente cuando el parado se beneficia del cobro pero reside (e incluso trabaja) fuera de España, supuesto en el que se contempla hasta la extinción de la prestación.
Visitas sorpresa de inspectores a las empresas
Según las fuentes consultadas, otro de los pilares de la ofensiva consiste en visitas sorpresa de inspectores del ministerio de Empleo a los centros de trabajo, para comprobar que los trabajadores están en situación de alta en la Seguridad Social y no son perceptores de la prestación por desempleo.
Se pretende, por tanto, aflorar los casos de empleo irregular donde los trabajadores realizan su actividad sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
También se persigue combatir los fraudes de empresas que reciben bonificaciones o reducciones de cotizaciones como incentivos al empleo sin tener derecho a ello.
Ha aumentado el fraude en el cobro del paro
El Gobierno detectó en el primer semestre de 2012 que 4.379 personas compatibilizaban indebidamente su subsidio de desempleo con un puesto de trabajo, un 38,49% más respecto al año anterior.
A su vez, se descubrieron 3.211 infracciones de empresarios que daban ocupación a perceptores de la prestación por desempleo (un 26,72% más que en 2011).
El cobro irregular será delito
Hasta este momento, las defraudaciones en las prestaciones a la Seguridad Social, como es el caso del paro, se regulaban como si fuera una subvención normal, y la irregularidad tenía que alcanzar 120.000 euros para poder considerarla como delito.
A partir de ahora, dará igual la cuantía: si fraudulentamente se están obteniendo prestaciones, se podrá perseguir penalmente.
Fuente: www.elconfidencialdigital.com
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