Sacyr ya ha presentado ante todo el mundo la verdadera “Marca España” que en nuestro país hemos disfrutado durante muchos años: obras que se licitan a precios altamente competitivos, lo que hace que se consiga la adjudicación, y que a mitad de construcción amenazan con la paralización por falta de presupuesto debido a costes inesperados y a circunstancias en ningún momento achacables a la empresa adjudicataria, por supuesto. Así, atrapados todos en la rueda de obras a mitad, cantidades enormes ya pagadas y compromisos adquiridos, se decide hacer frentes a estos costes y terminar la obra como sea. Aún se puede dar gracias si termina todo ahí y la obra reúne los servicios y la calidad pactados, que también aquí en España conocemos sonados casos de obras que salieron más caras de lo presupuestado y luego adolecían de importantes defectos estructurales que, en algunos casos recomiendan hasta su derribo.
Como ejemplo de esto último tenemos a nuestro arquitecto más internacional, al que como la justicia dictamine en su contra en todos frentes que tiene abiertos, sólo le quedarán las piezas del LEGO para dar salida a su creatividad.
Esto, que ahora nos sonroja y nos preocupa por la mala imagen que nos da internacionalmente, es lo que hemos venido padeciendo en toda España en los últimos años. La adjudicación de obra pública por un precio, los sobrecostes a mitad de la construcción y los defectos de la obra flagrantes al término de la misma. Hospitales con cimientos defectuosos, que hay que reforzar urgentemente, como el de Vigo. Instalaciones deportivas que no cumplen con las condiciones adecuadas para la competición, que doblan el presupuesto original y que arrastran al juzgado a un buen número de políticos, como el Palma Arena. Líneas de metro que disparan su presupuesto inicial y que al final sólo llegan a inaugurarse parcialmente, como la línea 9 en Barcelona… la lista es interminable, como interminables son también los vínculos de estas empresas con la corrupción política en la mayoría de estos casos.
Lo distinto es que la constructora está en un proyecto de gran calado internacional, con lo que todos los ojos están sobre ella. De momento, su cotización en bolsa se está desplomando (ya se verá si arrastra a Repsol) y muy bien tiene que acabar todo para que pueda volver a optar a algún compromiso internacional. Los 1.600 millones de dólares en sobrecostes en un presupuesto de 3.118 son demasiado abultados, sobre todo cuando optó a la licitación 1.000 millones por debajo de su más directa competidora y 300 por debajo del importe base de licitación, lo que da a entender un grave error de cálculo en la propuesta o una maniobra calculada. La sensación es de que Sacyr fue a reventar la subasta esperando luego acogerse al sistema de modificados al alza, recogido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Publico, del que tanto se ha abusado en España, ya que las constructoras españolas son expertas en sacar adelante proyectos deficitarios donde los modificados son precisamente el beneficio de la operación.
Como ejemplo de esto último tenemos a nuestro arquitecto más internacional, al que como la justicia dictamine en su contra en todos frentes que tiene abiertos, sólo le quedarán las piezas del LEGO para dar salida a su creatividad.
Esto, que ahora nos sonroja y nos preocupa por la mala imagen que nos da internacionalmente, es lo que hemos venido padeciendo en toda España en los últimos años. La adjudicación de obra pública por un precio, los sobrecostes a mitad de la construcción y los defectos de la obra flagrantes al término de la misma. Hospitales con cimientos defectuosos, que hay que reforzar urgentemente, como el de Vigo. Instalaciones deportivas que no cumplen con las condiciones adecuadas para la competición, que doblan el presupuesto original y que arrastran al juzgado a un buen número de políticos, como el Palma Arena. Líneas de metro que disparan su presupuesto inicial y que al final sólo llegan a inaugurarse parcialmente, como la línea 9 en Barcelona… la lista es interminable, como interminables son también los vínculos de estas empresas con la corrupción política en la mayoría de estos casos.
Lo distinto es que la constructora está en un proyecto de gran calado internacional, con lo que todos los ojos están sobre ella. De momento, su cotización en bolsa se está desplomando (ya se verá si arrastra a Repsol) y muy bien tiene que acabar todo para que pueda volver a optar a algún compromiso internacional. Los 1.600 millones de dólares en sobrecostes en un presupuesto de 3.118 son demasiado abultados, sobre todo cuando optó a la licitación 1.000 millones por debajo de su más directa competidora y 300 por debajo del importe base de licitación, lo que da a entender un grave error de cálculo en la propuesta o una maniobra calculada. La sensación es de que Sacyr fue a reventar la subasta esperando luego acogerse al sistema de modificados al alza, recogido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Publico, del que tanto se ha abusado en España, ya que las constructoras españolas son expertas en sacar adelante proyectos deficitarios donde los modificados son precisamente el beneficio de la operación.
Este artículo, aunque ya en el punto de mira de la legislación europea, permite a la empresa adjudicataria justificar hasta un incremento de un 50% los costes originales del proyecto debido a costes excepcionales e imprevistos. Y, aunque el pliego de condiciones de la adjudicación de las obras del canal eliminaba expresamente la opción del sistema de modificados, cabe pensar que Sacyr ha decidido jugarse el órdago; porque es eso o admitir que el plan que presentaron no era viable económicamente desde un principio.
O quizás sea que los técnicos de Sacyr pensaron que como en el canal se navega en sentido contrario a la ubicación de los océanos, las leyes de la economía rigen también del revés: la ruina es riqueza y los compromisos adquiridos no valen para nada.
O quizás sea que los técnicos de Sacyr pensaron que como en el canal se navega en sentido contrario a la ubicación de los océanos, las leyes de la economía rigen también del revés: la ruina es riqueza y los compromisos adquiridos no valen para nada.
Ya comentábamos que esta es una práctica habitual en España.-LA UTILIZACIÓN DE MODIFICADOS- ,PARA QUE ESTO CAMBIE TENIA QUE CAMBIAR EL PAIS Y COMO ESO NO VA A OCURRIR, El dinero de Sacyl lo pagaremos los españoles, lo mismo que el de Banquia y las Embajadas Catalanas.
ResponderEliminarPAIS ,PAIS