jueves, 26 de enero de 2012

El verdadero problema de España: la corrupción

Pocas semanas después de que el Partido Popular tomara las riendas de España, el país sigue estando en una situación crítica, aunque ya parece que no terminal. No obstante, a pesar de las medidas inmediatas tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy en España sigue habiendo factores que apuntan a que 2012 va a ser un año cuanto menos muy difícil: más de cinco millones de parados, un sector bancario con millones de crédito promotor comprometidos, una prima de riesgo por encima de los 300 puntos básicos, un mercado laboral arcaico, una administración pública endeudada hasta el tuétano…

Estos factores no ayudan precisamente a confiar en que España levantará el vuelo a corto plazo. Y sin embargo,de puertas hacia dentro tenemos un problema mucho más grave que apenas llega a las portadas de la prensa extranjera: los innumerables de casos de corrupción que riegan la casta política española de costa a costa, de derecha a izquierda. Así sin tener que recurrir a la hemeroteca, me vienen a la cabeza:

  • El caso Urdangarín, que viene copando las portadas de todos los periódicos. Si toda la casta política está sacando tajada, ¿por qué todo un yerno del rey de España iba a ser menos?
  • El campeón Pepiño Blanco, todo un ministro de fomento reuniéndose en inhóspitas gasolineras para ayudar a empresarios en apuros a cambio de dinero contante y sonante. Luego sorprende que con su sueldo de ministro haya podido permitirse un casoplón en Villa PSOE.
  • El caso Palma Arena, con Jaume Matas demostrando que en época de vacas flacas es posible predicar austeridad y al mismo tiempo ponerse escobillas de 300 euros en el inodoro a costa del contribuyente.
  • Francisco Camps y sus trajes, si bien el posible cohecho impropio por 3.000 eurillos de ná palidece al lado del desastre que son las cuentas de la comunidad autónoma que ha presidido. Su sucesor, ex-alcalde de la ciudad que da nombre al súper rentable aeropuerto de Castellón, ya ha tenido que meter la tijera a fondo para intentar evitar la quiebra.
  • El triunvirato Barreda – Moltó – constructores varios, que desembocó en la caja de Castilla – La Mancha quebrada con un agujerito de 7.000 millones de euros, una comunidad autónoma en la ruina absoluta y unos constructores que se estuvieron enriqueciendo a manos llenas a costa de la administración mientras duró la burbuja con pelotazos como el Aeropuerto de Ciudad Real.
  • Mercasevilla y el escándalo de los EREs en Andalucía, con un fondo de reptiles de 700 millones de euros que servía para jubilar a familiares y amigos del entorno del PSOE sin que hubieran dado un palo al agua. Y cuando no se gastaba el dinero en eso, se gastaba en fiestas y cocaína. Toda la administración de Chaves pringada, una de las demostraciones más evidentes de lo generalizada que está la corrupción

Como dijo aquél, en España no hay pan para tanto chorizo. Lo que más sorprende es que la corrupción es un cáncer que invade la casta política española sin hacer distinciones entre regiones o partidos políticos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es tan sencilla como obvia: nadie ha querido coger el toro por los cuernos, ninguno de los dos partidos mayoritarios han querido enfrentarse al problema de cara al ser conscientes de que en sus filas hay más de uno al que se le debería caer la cara de vergüenza. Debido a esta falta de decisión no han salido en España leyes que castiguen con severidad y celeridad los casos de corrupción, tráfico de influencias o apropiación indebida.

Aún estamos a tiempo de atajar el problema, aunque para ello es preciso valentía y decisión, es perentorio legislar y crear mecanismos específicos contra esta lacra, mecanismos como:


  • Una unidad especial de inspectores fiscales dedicados exclusivamente a analizar el patrimonio de los políticos que pueden detectar irregularidades o incongruencias rápidamente
  • Una revisión del código penal donde ostentar un cargo público se considere agravante en los delitos anteriormente mencionados, y donde las primeras medidas cautelares consistan en una fianza del 50% del valor de lo robado, inhabilitación inmediata y/o prisión sin fianza.
  • La inclusión en el código penal de un sistema para ofrecer rebajas penales a estos delincuentes a cambio de información y protección, para que puedan tirar de la manta
Una gran mayoría de los españoles han perdido la fe en la clase política, en su honestidad. Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, pero para ello son necesarias medidas valientes y drásticas, que transmitan con claridad el mensaje de que quien la hace, la paga.


por CarlosEMS

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