Los bancos roban y el gobierno mira para otro lado

La aprobación por el Gobierno el pasado viernes de un Real decreto que ha sido calificado por algunos medios como “ley contra los abusos en la banca” pone una vez de relieve la desfachatez gubernamental y la directa complicidad de los poderes públicos con la banca privada para permitirle salir de la crisis con más poder y una situación patrimonial saneada.

Se dice que es un decreto contra los abusos bancarios porque se modifican algunos criterios de cómputo de activos para que la exposición al riesgo de los bancos cuando realizan inversiones especulativas y de ingeniería financiera sea más transparente y, sobre todo, porque establece mecanismos para limitar las remuneraciones de los directivos, además de intervenir en el mercado para evitar que los bancos recurran a las llamadas “guerras de depósitos” ofreciendo intereses elevados que, según el gobierno, luego obligan a aumentar el coste de la financiación a la economía.

Decimos que el decreto es una desfachatez porque no se enfrenta realmente a las causas que provocaron la crisis financiera, porque solo pone paños calientes para hacer como que se regulan de otro modo las finanzas, cambiado algo para que nada cambie, y porque engaña a la sociedad haciendo creer que los abusos de la banca provienen de donde en realidad no vienen.

Lo que hay que controlar no son los sueldos de los directivos sino los beneficios de la banca.

Lo que debería hacer el gobierno no es lanzar este canto de sirena sino, de entrada, someter las remuneraciones astronómicas de los directivos bancarios a impuestos justos y progresivos y no hacerlos desaparecer, como viene haciendo. Y, sobre todo, impedir que la banca privada pueda generar los beneficios extraordinarios que obtiene a base de financiar mal a la economía productiva y de gozar de un poder de mercado radicalmente incompatible con el buen funcionamiento del sistema financiero e incluso con el juego de poderes democrático que debe primar en una sociedad que se dice democrática.

Si en España hubiera decencia y justicia decente y si los dos partidos de los que dependen la gobernabilidad, el Partido Socialista y el Popular, junto a los de la derecha nacionalista, no fueran esclavos de los créditos que reciben de la banca y que luego no pagan, se tomarían de verdad medidas contra los abusos de la banca pero éstas no serían las del decreto que acaba de aprobar el gobierno. Serían otras fundamentalmente destinadas a poner en claro y pedir responsabilidades civiles y penales, al menos, por actividades y hechos como los siguientes:

1) La posible responsabilidad de la banca española en la generación de un insostenible crecimiento del crédito bancario que provocó más tarde la crisis en la que estamos y en la utilización de vías de financiación para poder mantener ese crecimiento que claramente comportaban mucho riesgo y problemas futuros que todos estamos pagando ahora.

2) La posible responsabilidad de la banca española en la promoción de miles de contratos de permuta conocidos como clips o swaps inmobiliarios que en realidad han sido un engaño y una estafa descomunal a clientes que han perdido millones de euros.

3) La posible responsabilidad de la banca española en la generación del boom inmobiliario, entre otras vías, mediante la tasación de las viviendas artificialmente al alza para así aumentar su negocio de creación de deuda.

4) La posible responsabilidad de la banca española en la liquidación muy perjudicial de los créditos hipotecarios para miles de familias también por realizar tasaciones artificialmente a la baja.

5) La posibles irregularidades fiscales y de gestión patrimonial de la banca española que puedan estar dándose tras la apropiación de las viviendas adquiridas por familias que no han podido seguir pagando sus créditos.

6) La responsabilidad que pueda haber tenido la banca española en el hecho innegable de que millones de personas no pueden disfrutar de su derecho constitucional a la vivienda por la política crediticia que viene practicando y por su contribución a generar el paro y la pobreza que lleva consigo la crisis que ha contribuido a provocar.

7) La responsabilidad que pueda estar teniendo la banca española en la enorme rigidez a la baja que muestra el precio de la vivienda en España a pesar de haber estallado ya hace meses la burbuja y al mantener fuera del mercado cientos de miles de viviendas que podrían satisfacer necesidades sociales fundamentales.

8 ) La posible responsabilidad de la banca española ante la situación en la que se encuentra la economía española como consecuencia de estar utilizando dinero público y recursos de sus clientes para ampliar sus negocios improductivos y especulativos sin destinarlo, como se supone que es la razón de recibirlo, a financiar a empresas y consumidores.

9) La posible responsabilidad que pueda tener la banca española en nuestra mayor tasa de inflación dado el mayor nivel de gastos inherentes a las operaciones financieras y comisiones que cobra a sus clientes.

10) Las posibles responsabilidades de la banca española como financiadora de negocios criminales, de tráfico de armas y de drogas, tal y como han denunciado algunos organizamos y asociaciones internacionales.

11) La posible responsabilidad de la banca española por utilizar paraísos fiscales para facilitar la evasión fiscal y por los daños que con toda seguridad eso ha causado a la economía española.

l2) La posible responsabilidad que haya podido tener la banca española en la exclusión y segregación financieras que haya podido producirse con colectivos sociales o grupos sociales más vulnerables.

13) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación consciente de la corrupción urbanística.

14) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación irregular de los partidos políticos.

15) La posible responsabilidad de la banca española en el incremento del coste de la deuda soberana y su participación en actuaciones especulativas contra España incluso con recursos recibidos de los poderes públicos y de los ciudadanos españoles.

16) La posible responsabilidad de la banca española en la extensión del fraude fiscal y de la economía sumergida difundiendo productos financieros durante los últimos años con el solo propósito de blanquear dinero y ocultar a la Hacienda Pública las fuentes reales de las rentas y patrimonios de sus clientes.

17) La responsabilidad de la banca por utilizar de un modo palpable e indisimulado su poder financiero para aumentar su influencia mediática, política, académica y social comprando voluntades y publicaciones financiando publicaciones (como ocurre con los informes que justifican la privatización y recorte de las pensiones públicas) en donde una y otra vez se presentan datos que no responden a la realidad pero que contribuyen a crear un estado de opinión favorable a sus intereses económicos. Y, por tanto, engañando a la opinión pública y prostituyendo la deliberación social y la propia democracia.

18) La responsabilidad de la banca española en la enorme pérdida de empleo que se ha producido en su sector, en donde las jubilaciones se producen a las edades más bajas a pesar de que los informes que financia proponen su aumento para el resto de los trabajadores y sectores económicos, y a pesar de que es el negocio que mayores beneficios viene obteniendo desde hace años.

19) La posible responsabilidad de la banca española en la enorme cantidad de errores que se producen en la gestión de las cuentas de sus clientes o en la gestión de documentos y recibos, por los habituales abusos de confianza que llevan a gestionar de forma muy diferenciada y arbitraria sus depósitos y, de forma particular, por la suscripción de fraudulentos “fondos de pensiones” que ocultan su verdadera naturaleza y beneficio real y la desigual rentabilidad que suponen para los clientes y para las entidades bancarias.

20) Y finalmente habría que abrir otro capítulo para depurar también las responsabilidades de los directivos del Banco de España, y más concretamente de sus gobernadores, puesto que son las autoridades encargadas de supervisar a la banca privada y las que podrían haber evitado que todo esto hubiera ocurrido.

Pero ninguna de estas cuestiones se plantea ni se investiga, ni se cuestiona. En lugar de hacerles frente para poner en claro las causas que han provocado un quebranto de docenas de miles de millones de euros para pequeñas y medianas empresas y para las familias y consumidores españoles, y, además de ello, una merma sustancial de su capacidad de decisión, lo que se hace es conceder a los banqueros un régimen de privilegios totalmente incompatibles con la democracia más elemental y de casi total impunidad.

El ejemplo del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, es elocuente:

Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.

Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual, su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.

Estos son los verdaderos abusos de la banca y los que de verdad hacen daño a la sociedad y no las remuneraciones de sus directivos, por muy altas que sean. Y no hay por qué que seguir aguantando estos abusos. Hay que denunciarlos, censurarlos y reclamar medidas para investigar y depurar responsabilidades.

Ya es hora de que la sociedad despierte y no se deje vencer más por el miedo ancestral hacia quienes manipulan el dinero ante sus manos como si fueran magos que tienen un don especial para hacerse ricos cuando en realidad solo son trileros que se aprovechan de la necesidad ajena y que esconden sus trampas gracias a la impunidad y al poder inmenso que durante siglos han acumulado.

Ya es hora de que la gente reaccione y no permita que, con su dinero, la banca robe, engañe y haga inversiones inmorales y sumamente peligrosas para la estabilidad económica, social y ambiental del planeta.

No puede haber democracia mientras haya abusos bancarios.

Por Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa