España tiene muchos menos empleados públicos que los países nórdicos

Dos millones y medio de personas trabajan en España en el sector público, una cifra muy baja en comparación con los países nórdicos. Los expertos desmontan el mito del funcionario vago.

En junio de 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó congelar el sueldo de los altos cargos del Ejecutivo. Una medida enmarcada en el política de austeridad cuando aún no se llamaba a la crisis económica por su nombre. Dos años después, el recorte llegará a los empleados públicos. A partir de junio, la mayoría de los trabajadores de la Administración verán recortado en un 5% de media su sueldo, que en 2011 quedará congelado, según anunció Zapatero en el Congreso.
Esta medida para paliar la crisis y recortar el déficit de España ha encendido los ánimos de este colectivo, formado por 2,6 millones de personas, según el Registro Central de Personal, o por tres millones con los datos de la Encuesta de Población Activa.

Los funcionarios despiertan recelo social por el carácter estable de sus puestos de trabajo y por la percepción que se tiene de su labor. Muchos ciudadanos los asocian a hombres y mujeres detrás de una ventanilla sin más oficio que repetir "vuelva usted mañana", como describió Mariano José de Larra en uno de sus artículos más populares. Sin embargo, estos trabajadores se encargan de atender los servicios públicos. Casi un 60% trabaja en Educación, Sanidad, Justicia, Defensa y Seguridad, repartidos entre la Administración pública estatal, autonómica y local, informa Pedro González.

Los empleados públicos representaban el 9,5% de la población española potencialmente activa en 2009, según recoge el estudio de Vinceç Navarro El empleo público en España no es excesivo, a partir de los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Una cifra muy alejada de la de otros países más avanzados y referentes en el modelo escandinavo del bienestar, como Dinamarca, con un 25,7%, o Suecia, con un 21,1%.

Un sector subdimensionado
A la vista de esta disparidad, la catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona Miren Etxezarreta no duda en afirmar que "el sector público está subdimensionado tanto en el tipo de personal como en gasto, que es inferior a la media. Además, hay muchas necesidades de la sociedad que se tendrían que cubrir". Según los datos del Observatorio Social de España, por cada 100 habitantes, hay 6,5 empleados públicos. Una cifra muy alejada de los 17 de Dinamarca o de los 14 de Suecia. Para el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, decir si la proporción es la adecuada "depende de los servicios públicos y del Estado de Bienestar que queramos tener. Si queremos un sistema como el nórdico, la población que trabaja en lo público debería aumentar hasta el 21%. Si preferimos uno más próximo al modelo japonés o el de Estados Unidos, ya estaríamos sobredimensionados".
En este sentido, la coordinadora del Observatorio Social, Marta Tur, defiende la necesitad de impulsar el empleo público para consolidar el Estado de bienestar. "España tiene el mayor déficit en la protección social a la infancia y a la dependencia. Hacen falta hospitales, escuelas, guarderías... Queremos que la mujer se incorpore al mercado de trabajo, pero luego no se ponen a su disposición los servicios necesarios para que lo haga", explica. Aunque lo social es lo que la gente visualiza, Tur también destaca las carencias en otros campos como el de la justicia. En esta área trabajaban 62.368 empleados en julio de 2009, entre el personal funcionario y laboral, los miembros de la carrera judicial y fiscal. Estos trabajadores representan un 2,3% del total.

Consciente del mito que envuelve a los funcionarios, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Alicante José Manuel Canales subraya la necesidad de "dignificar la función pública" porque, según explica, existe una percepción social muy extendida de que son burócratas que no cumplen con sus tareas. Este es uno de los hándicap de los empleados públicos, que según Canales genera desmotivación. A este añade la remuneración: "No se puede generalizar, pero la gente gana más en las empresas privadas". Como ejemplo, pone el sueldo de un catedrático, que ronda los 3.000 euros netos, y el de un profesor joven, que puede estar en 1.000 euros o menos. Con estos salarios, el catedrático cree que el recorte anunciado por el Gobierno "añadirá un grado más de desmotivación".

Para Etxezarreta, otro de los factores que explica el desánimo de los funcionarios es la temporalidad porque empleo público no siempre es sinónimo de fijo. "La tasa de temporalidad ha ido incrementándose. En 1996 era del 16% y en 2005, del 24,9%. Los incentivos son muy bajos", sostiene la catedrática.

¿Trabajo para siempre?
En estos momentos, con 4,6 millones de desempleados y los trabajadores apretándose el cinturón, algunos sectores ven razonable el recorte salarial a los funcionarios, atendiendo a la estabilidad de la que gozan y a que han sido los últimos en padecer los efectos de la crisis. Los hay incluso que se plantean la idoneidad de que no sean trabajadores fijos.

Canales es tajante al respecto: "Esto no se puede tocar sin volver a la España del siglo XIX. Es una conquista histórica. El funcionario es inamovible para que sea neutral". Además, recuerda, "hay que prepararse y aprobar unas oposiciones". Canales defiende la profesionalización de la Administración General y asegura que "nadie ha entrado por la puerta de atrás", aunque tiene dudas sobre lo que ocurre a nivel autonómico y local.
Villoria también defiende la estabilidad de los funcionarios, aunque admite que tiene una cara negativa. "Cuando el trabajador no rinde o hace mal su trabajo, se queda ahí". Para evitarlo, explica, "se introdujo en el Estatuto del Empleado Público la evaluación de su labor, aunque no se ha desarrollado". El objetivo, según dice el estatuto, es motivarlos. De momento, el recorte salarial anunciado por el Gobierno ha provocado el efecto contrario. Los sindicatos han convocado una huelga en la Administración para el 2 de junio. Otros ya han avisado de que si ganan menos, trabajarán menos. Y, mientras, los servicios públicos bajo mínimos.