Rosa Díez pide formalmente a Congreso y Senado que supriman la pensión complementaria de los parlamentarios

"No es razonable que quienes votaremos contra pejubilaciones abusivas tengamos garantizado en cambio una prejubilación 'blindada'"

La portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, se ha dirigido por carta a las Mesas del Congreso y del Senado para que supriman el sistema de complementos de pensión que las Cámaras facilitan a los parlamentarios con un mínimo de siete años de mandato.

A su juicio, en un momento de "profunda y larga crisis económica" y de "creciente descrédito de la actividad política", es urgente "tomar medidas decididas e inequívocas que restablezcan el principio de igualdad", como suprimir ese complemento para acceder a la pensión máxima, que otorga a los parlamentarios "derechos inalcanzables al común a los trabajadores".

En su carta, la diputada de UPyD argumenta que, mientras un parlamentario español puede ver complementada su pensión de jubilación o incapacidad, con cargo a las Cortes Generales, hasta una cuantía equivalente la pensión máxima o cercana a ella sólo con haber sido parlamentario durante más de 7 años, un trabajador corriente, sin complementos, necesita 35 años de trabajo y haber cotizado por una base muy alta durante los últimos 15 años de su vida laboral para percibir la pensión máxima de jubilación.

INCOHERENTE CON EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN
Además, señala que "un parlamentario español puede jubilarse a partir de los 60 años, si reúne los requisitos para la jubilación anticipada y cotizó 40 años, con la garantía de cobrar una cuantía equivalente a la pensión máxima, gracias al complemento que le pagan las Cortes", pero el resto de trabajadores está sometido a reducciones por cada año que adelante la jubilación. "Esta disposición resulta además claramente incongruente con la posibilidad de retrasar en el futuro, para los demás trabajadores, la edad de jubilación efectiva y legal", apostilla.

Es más, señala que los parlamentarios tienen incluso la posibilidad de prejubilarse con 55 años con derecho a cobrar un 60% de la asignación constitucional (en la actualidad 3.125,52 euros) y manteniendo el alta en la Seguridad Social hasta la edad de jubilación.
"Por ejemplo, con esta regulación un parlamentario que nunca haya cotizado a la Seguridad Social hasta adquirir esa condición a los 44 años, y que la abandonara a los 55 años, podría "prejubilarse" con el 60% de la asignación constitucional para terminar disfrutando a los 65 años de la pensión máxima, más la ayuda del complemento, sin haber tenido que volver a trabajar", detalla.

En contraste, "el común de los trabajadores que pierde su empleo a partir de los 52 años sólo tiene derecho a percibir el desempleo para mayores de 52 años si han cotizado, al menos, durante 15 años por una cuantía equivalente al 80% del indicador público de rentas de efectos múltiples (para este año, 532,51 euros), y cotizará por ellos hasta que reúna los requisitos para jubilarse por la base mínima de cotización, no por la máxima".

"Si hay consenso sobre la necesidad de acabar con las 'prejubilaciones' por el daño que causan a nuestra economía productiva, a los trabajadores y a la viabilidad del sistema de Seguridad Social, no es razonable que quienes votaremos cuando corresponda contra las prejubilaciones abusivas tengamos garantizada, en cambio, una prejubilación 'blindada' --proclama--. Es evidente que este privilegio se opone al principio de premiar el esfuerzo, y de garantizar un sistema de Seguridad Social justo y equitativo para todos".

PRESTACIÓN POR PARO, COMO LOS DEMÁS
También se refiere en su carta a la indemnización por cese que reciben los parlamentarios (un mes de salario por cada año como Diputado o Senador hasta un máximo de 24 meses) y aboga por permitirles percibir la prestación de desempleo con los requisitos y cuantías reconocidas a cualquier trabajador en la legislación laboral común.

Por último, se refiere al plan de previsión social para parlamentarios con el 10% de la asignación constitucional, "una cuantía muy elevada comparada, por ejemplo, con la que aporta la Administración para sus funcionarios". "Sería más justo que fuéramos los parlamentarios quienes decidiéramos voluntariamente cuanto aportamos, pero de nuestros emolumentos, afirma.
Para Rosa Díez, "en buena lógica democrática parece innegable que la regulación de las prestaciones sociales que corresponden a los parlamentarios sea igual a la del resto de los españoles, salvo en aquellos casos en que sea necesaria una regulación diferente para el buen ejercicio de nuestro cargo".

"Bajo esta premisa, no se entiende por qué un parlamentario tiene que tener un sistema de complementos de pensiones que le garanticen percibir una cuantía equivalente a la pensión máxima o cercana a la máxima, aunque no hubiera cotizado para ello, así como un régimen de "prejubilación" e indemnizaciones especiales, tan diferente al del resto de los ciudadanos y claramente privilegiado, si exceptuamos la ausencia de una prestación por desempleo, fácilmente subsanable", sostiene.

Su pretensión es que "el régimen de seguridad social y ayudas a los parlamentarios sea el mismo que el del resto de los trabajadores españoles, incluyendo la prestación por desempleo", y que eso quede plasmado en los reglamentos de ambas Cámaras y no como está regulado actualmente, mediante resolución conjunta de las mesas del Congreso y del Senado.
"Estoy convencida de que todos los grupos parlamentarios, las Mesas de ambas Cámaras, y especialmente la Presidencia del Congreso de los Diputados, comparten esta preocupación por una reforma reglamentaria cuyo máximo objetivo no es otro que prestigiar la actividad parlamentaria, restablecer los principios de igualdad que instaura nuestro régimen constitucional, y mejorar la confianza de la ciudadanía en sus representantes políticos en el Parlamento de la Nación", concluye.