El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de ley que regula la protección por cese de actividad de los autónomos, que incorpora el acuerdo de todos los grupos para elevar hasta doce meses la duración de las ayudas, mientras que la cotización para sustentarlas se ve aumentada del 1,8% inicialmente previsto al 2,2%.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se felicitó por la aprobación de la iniciativa y agradeció tanto a las organizaciones de autónomos como a los grupos parlamentarios el "trabajo fructífero" desarrollado para reconocer una "reivindicación histórica". "Toda la sociedad debe estar satisfecha por esta conquista", incidió el ministro, quien señaló que los grupos de la oposición ha mostrado un gran "sentido de la responsabilidad" con esta ley. El texto, que incorpora un centenar de enmiendas y a partir de ahora proseguirá su trámite en el Senado, incluye dos tramos más para las prestaciones que la norma inicial, que establecía un tope máximo de seis meses. Así, las personas que coticen entre 43 y 48 meses tendrán derecho a protección por ocho meses, mientras que a partir de 48 meses podrán acceder al año completo.
Además, los autónomos de entre 60 y 64 años verán mejoradas estas condiciones, de forma que podrán acceder a los ocho meses a partir de los treinta meses de cotización, a los diez meses si contribuyen durante diez meses y a doce meses a partir de los 43 meses de cotización.
La norma contempla además que el sistema sea revisado en dos años para evaluar su funcionamiento y constatar si, en su caso, corresponde modificar la cuantía de las prestaciones o mejorar su gestión.
Asimismo, precisa las condiciones para que los inmigrantes puedan acceder a las ayudas, aclara el régimen de reclamaciones y mejora las condiciones económicas para que un trabajador autónomo pueda declararse en situación de cese de actividad, de manera que baste con unas pérdidas superiores al 30% de los ingresos o al 20% en dos años consecutivos, frente al 30% y al 20% anterior.
TRABAJADORES AGRARIOS
También contará que las ejecuciones judiciales de cobro de deudas comporten al menos el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomos correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior. No obstante, el PSOE rechazó la propuesta de CiU de que la morosidad sea considerada como causa de cese.
Asimismo se excluye de los supuestos de incompatibilidad para la prestación las labores y trabajos agrarios que no tienen finalidad comercial y que son realizados por cuenta propia, como son los huertos familiares para el autoconsumo.
CIU RECLAMA AL PSOE QUE NO "VENDA HUMO"
El portavoz de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, lamentó que la norma llega tarde y advirtió al PSOE que no debe jactarse de su resultado, "vendiendo humo" y expectativas que más tarde se verán defraudada. "Aun queda mucho por hacer", incidió.
Por su parte, el diputado del PNV, Emilio Olabarria, cuestionó que esta prestación sea compatible con el decreto de recortes, que su grupo rechaza.
El portavoz del PP, José Eugenio Azpiroz, señaló que el acuerdo sobre la duración de las prestaciones "no es el que le hubiera gustado", pero aceptó la oferta de los socialistas para cerrar un acuerdo lo más "sólido" posible en favor de los autónomos y afirmó que, por ahora, el PP puede dar por "cumplidos sus objetivos".
EL PSOE GARANTIZA SU "VIABILIDAD FUTURA"
Por su parte, el diputado de ERC, Joan Tardá, celebró el acuerdo y agradeció la "receptividad" del PSOE, pese a sus "recelos" tras el "jarro de agua fría" que ha supuesto el recorte de gasto social anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y mostró su deseo de que la norma satisfaga a los autónomos "grandes víctimas del sistema productivo" tras la crisis.
El portavoz del PSOE, Jesús Mebrado, destacó que se trata de un "día importante" para los socialistas y los autónomos que puedan contribuir "los que quieran" --ya que las contribuciones son voluntarias salvo para las actividades de mayor riesgo y los autónomos económicamente dependientes-- y se trata de una norma con "suficientes garantías" para asegurar su "viabilidad futura".
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