El Gobierno aprueba el Fondo para la Economía Sostenible

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Fondo para la Economía Sostenible, dotado con 20.000 millones de euros y que entrará en vigor en enero de 2010 como complemento a la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno el pasado viernes.
De este fondo, 10.000 millones de euros serán aportados por el Instituto de Crédito Oficial, que será el encargado de gestionarlo, mientras que las entidades financieras podrán aportar la otra mitad.

El objetivo del Fondo es promover y financiar todos los sectores ligados a la economía sostenible con el objetivo de orientar la inversión privada hacia actividades que sirvan para impulsar la economía y el empleo y, al mismo tiempo, avanzar en la transformación de la estructura productiva del país.

El Fondo se inscribe dentro de la Estrategia para la Economía Sostenible anunciada esta semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados. Dicha estrategia está integrada, además de por el Fondo, por la Ley de Economía Sostenible, el Fondo Estatal para el Empleo Local y un programa de reformas estructurales con un horizonte de diez años.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, confió en que el Fondo ayude a orientar la inversión privada hacia actividades que mejoren la actividad económica y la creación de empleo, e impulsen el cambio de modelo productivo.

Lo que más revuelo está creando son las modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet han creado un manifiesto donde muestran su firme oposición al proyecto, y declarando que :

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

El debate, está abierto, y ya está en la calle.