Burbuja inmobiliaria. Desmanes 
financieros. Años de excesos. Cada época, en fin, tiene sus cosas. Todo ese relato desembocó en la mayor crisis en décadas en EE UU y en Europa, cuyos Gobiernos evitaron una Gran Depresión metiéndose en otros problemas: endeudándose hasta las cejas. La crisis fiscal amenaza ahora, a vista de pájaro, a las mayores economías. Pero si se usa el zoom, las verdaderas dificultades están en California, en Grecia, tal vez en España, en los flancos más débiles de las grandes áreas económicas. Y, a medida que se enfoca más de cerca, aparecen mayores agujeros. El Gobierno español tiene un fenomenal desafío fiscal a medio y largo plazo, y lo mismo vale para las comunidades autónomas. Pero para la Administración local no hay largo plazo que valga: los problemas ya están ahí.La economía española incurrió en 2009 en el mayor desfase presupuestario en décadas, con un agujero del 11,4% del PIB. Pero el déficit público no es igual para todos. Buena parte de ese saldo negativo hay que apuntarlo en el debe del Gobierno (8,7%), y en menor medida, de las autonomías (2,2%). Las más de 8.000 entidades locales (ayuntamientos, cabildos y diputaciones) apenas sumaron un déficit equivalente al 0,5% del PIB. Y, sin embargo, mientras la Administración central y autonómica ponen en marcha planes de austeridad para los próximos años -en plata: recortes-, en muchos municipios el ajuste ya es una dolorosa realidad. Despidos, rebajas de sueldos, huelgas y servicios bajo mínimos dan fe de una crisis virulenta que no ha hecho más que empezar.
En Detroit (EE UU), las agencias de rating consideran que la deuda está por debajo del nivel de inversión (equivalente a bono basura), y su alcalde amaga con acogerse a la suspensión de pagos, asfixiado por la deuda. Pero en España los ayuntamientos no pueden quebrar. A los municipios no se les pueden embargar los bienes. Y sin embargo, la amenaza de la crisis fiscal es ya más que evidente en algunas localidades. Los números son preocupantes en algunos casos: Ochánduri (La Rioja), el pueblo más endeudado per cápita de España, debe más de 9.000 euros por persona. Y en Madrid, la deuda roza los 7.000 millones (algo más de 2.000 euros por persona), lo que ha obligado a recortar la inversión y el gasto corriente, a subir tasas y a buscar soluciones de ingeniería financiera para cuadrar las cuentas.
Cuando otras administraciones se plantean no cubrir vacantes como una forma menos traumática de aligerar plantillas, en varios ayuntamientos ya se negocian expedientes de regulación de empleo:
el de Jerez de la Frontera quiere despedir a 550 personas. Si el Gobierno o las comunidades se ven forzados a alargar el plazo de grandes obras en proyecto, los municipios se ven en la disyuntiva de cerrar guarderías, servicios escolares y dependencias sanitarias, que antes financiaban sin ser de su competencia.
Hay empresas municipales en las que los salarios ya han bajado. Como hay huelgas, un día sí y otro también, en las contratas para recoger basuras o cuidar jardines. El ocio, una seña distintiva de las prestaciones municipales, también sufre: no hay dinero para conciertos o exposiciones, los centros deportivos reducen horarios y hasta las fiestas patronales adelgazan.
Incluso el debate sobre la subida de impuestos está superado en el ámbito municipal: quien más quien menos, ha dado un estirón a todo tipo de tasas y precios públicos en una suerte de pacto de Estado tácito del que participan todos los partidos.
Aunque hay una gran diversidad, "la situación es francamente mala", sintetiza Pedro Arahuetes, presidente de la comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es cierto que el Gobierno (por las prestaciones del paro) o las comunidades (la factura de la educación y la sanidad no disminuye con la crisis) deben hacer frente a un nivel de gasto público mucho mayor. Como también es cierto que todas las Administraciones se han visto afectadas por el bajonazo de la recaudación. Gobierno y comunidades salvan la papeleta endeudándose, un recurso que la ley, con la relativa excepción de los grandes municipios, complica sobremanera a los ayuntamientos. Y la onda expansiva del desplome del ladrillo se deja notar con crudeza en los municipios.Las alternativas son dos: una mejora de la financiación local combinada con una subida de impuestos, o un severo recorte de gastos. O ambas cosas a la vez: "Los alcaldes van a tener que subir la presión fiscal", indica Myriam Fernández de Heredia, de la agencia de rating S&P, "y van a tener que recortar los gastos, pese a las rigideces habituales, porque en los años de bonanza crearon estructuras que ahora están sobredimensionadas".
"Centenares de ayuntamientos financiaron sus gastos ordinarios con ingresos extraordinarios, procedentes del ladrillo, que se han ido para no volver", afirma Joan José Rubio, ex director del Instituto de Estudios Fiscales. Un informe del Servicio de Estudios del BBVA advertía ya en 2007 de que algo así estaba sucediendo: "En algunos casos, se están utilizando los beneficios extraordinarios de la actividad inmobiliaria para solventar los problemas de financiación". "No hay datos del último año, pero se intuye una caída importante de esos ingresos", explica Virgina Pou, autora de ese informe. No hay demasiadas soluciones. "Los municipios que pueden, que son los grandes, han disparado su deuda. Y los que no, los pequeños, lo van a pasar mal: van a ver muy comprometidos servicios esenciales y muy diezmado el margen para la política municipal", añade Juan José Rubio.
El estudio del BBVA concluía que cerca de un 10% de los ingresos no financieros de todas las Administraciones derivaban de la entonces pujante actividad inmobiliaria. Y advertía que en el caso de los ayuntamientos, esa proporción se iba al 30%. Un tercio de los ingresos municipales generados por el ladrillo corresponde al impuesto de bienes inmuebles (IBI), que tiene una recaudación estable, pero el resto corresponde a impuestos vinculados a la obra nueva y la compraventa, a tasas por licencias, a aprovechamientos urbanísticos y a ventas de terrenos. Los datos preliminares de 2008 aventuran aquí una caída, que en 2009, vistas las cifras del sector, habrá sido a plomo."Pero es que del resto de ingresos también recibimos menos", prosigue Arahuetes con el recuento de bajas. De las transferencias del Estado, que suponen más del 20% de los recursos municipales y rondaban los últimos años los 10.000 millones, el representante de la FEMP precisa que este año vendrán "3.000 millones menos". El alcalde de Segovia lamenta además que buena parte de las transferencias que llegan de los gobiernos autonómicos están condicionadas a proyectos de inversión. "Y hay comunidades que ahora los abandonan y nos dejan solos frente a los ciudadanos", critica.
"El problema para los ayuntamientos no es tanto la caída de los ingresos como que tienen una estructura presupuestaria muy rígida. Por ser la Administración más cercana, cualquier recorte de gasto tiene un coste político mayor", dice Pou. De la insuficiencia financiera de los ayuntamientos hablan también las medidas extraordinarias del Gobierno: el fondo de inversiones de 2009 llevó 8.000 millones a los municipios; este año serán 5.000, pero los municipios han conseguido que un 30% sirva para financiar gasto corriente. Como también lograron que el Ejecutivo les permitiera endeudarse el año pasado para hacer frente a los pagos a proveedores.
"Los retrasos en los pagos llevan a los pequeños empresarios de nuestras localidades a cerrar", indica Arahuetes, quien urge a que la nueva financiación local se cierre el próximo año, como ha prometido el Ejecutivo. Porque ése es otro caballo de Troya que puede ahogar a los ayuntamientos: "Los ingresos del ladrillo se han evaporado y eso va a provocar que este año sea muy duro. Pero 2011 será peor: las entregas a cuenta del Estado a los ayuntamientos están infladas y habrá que devolver dinero, como ya les sucede a las autonomías, lo que augura una crisis fiscal aún mayor", augura Alfonso Utrilla, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Complutense.
